La Disolución y liquidación de sociedades marca el cierre definitivo de una empresa. Cuando una sociedad llega al final de su ciclo, este trámite permite realizar el cierre de manera rápida, segura y conforme a la normativa española. Además, cada etapa se gestiona con transparencia para minimizar complicaciones y garantizar plena seguridad jurídica.
La disolución marca el inicio del proceso de extinción de la sociedad, en el cual esta deja de operar normalmente. La liquidación, por su parte, es el procedimiento que sigue a la disolución para saldar deudas, repartir activos y dar por terminada la existencia legal de la sociedad.
No, salvo que se produzca una fusión o absorción por otra entidad, en cuyo caso la sociedad disuelta transfiere sus activos y pasivos a la nueva entidad sin necesidad de liquidarlos.
Los socios tienen la responsabilidad de aprobar el balance de liquidación y la distribución de activos, así como de garantizar que las deudas se cubran antes de recibir cualquier beneficio. En sociedades con responsabilidad limitada, su responsabilidad está limitada al capital aportado, salvo excepciones legales.
Los liquidadores pueden ser responsabilizados por los daños ocasionados a los socios, acreedores o terceros si actúan con negligencia, fraude o incumplen sus obligaciones legales. Esto podría incluir sanciones económicas e inhabilitación para futuros cargos similares.
Es necesario presentar la escritura pública de liquidación, el balance final aprobado por los socios, y la relación de activos y pasivos. Una vez inscrita la liquidación, se emite la certificación de extinción de la sociedad.
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